Los honorarios son la justa compensación económica de la labor de un profesional independiente.En ocasiones, se premia más la tenencia de unos conocimientos especializados o el beneficio que se consigue que toda la labor que se lleva a cabo.
La cuestión es si, dadas las circunstancias de libre mercado, los consumidores deben soportar unos emolumentos elevados o de si por el contrario el precio de la contraprestación debería baremarse por los colegios profesionales.
El problema radica precisamente cuando esa libertad de ejercicio profesional se realiza sin habilitación prevía. Esta habilitación en nuestro país se da con título académico (expedido por una universidad o centro educativo) o con título profesional (expedido por una administración pública). A día de hoy existen numerosos sectores de actividad no reglados, que son los que pueden producir distorsiones en el mercado a la baja. Más aún se produce esta cuando el pseudo-profesional actúa sin estar siquiera dado de alta.
Factores en la fijación de honorarios.
La cantidad de profesionales: En zonas donde escasean profesionales los honorarios suelen ser más elevados que donde proliferan. Además los procesos de resolución de la materia que tienen entre manos se realiza con más premura donde abundan estos.
La colegiación y la calidad del servicio: La colegiación supone una garantía de profesionalidad, pero al tiempo este profesional debe satisfacer a su Colegio una cuotas, así como un canon de entrada, lo que lógicamente debe trasladarse a sus honorarios. Lo ideal es que antes de contratar un servicio profesional pidan un presupuesto y el número de colegiado (sea este arquitecto, abogado, medico, gestor, graduado social, psicólogo, etc)
Confío en que algún día se regulen y baremen estos extremos de manera que se puedan recurrir en vía de arbitraje ante los Colegios Profesionales y en su defecto, ante la jurisdicción civil competente para impedir que se produzcan abusos con algunos clientes.
El Estado debe implicarse en regular sectores de consultoría, marketing, agencias de compraventa y servicios sanitarios no reglados a fin de conseguir una seguridad jurídica en las relaciones con el cliente y unos niveles mínimos de exigencia y calidad.
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